Vergonzoso el silencio político en Andalucía, ante la situación de las víctimas de la corrupción.

Un año sin avances en materia de protección a víctimas de corrupción.

Os garantizo que los tiempos de la corrupción, el clientelismo y la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía”.  Afirmó pletórico en su cuenta de twitter, Juanma Moreno, Presidente de la Junta, en relación con la sentencia del caso ERE.

Una afirmación errónea y falsa, pues la corrupción endémica que existe en nuestra comunidad, se encuentra años luz de desaparecer.

Desde el regreso a la democracia hemos vivido inmersos en un Estado con funcionarios, políticos, jueces y fiscales corruptos. La corrupción en nuestra estructura estatal se instala y enraiza desde el comienzo mismo de la democracia.

Es por tanto, una ensoñación que, la lectura de una sentencia, por muy lapidaria que sea, suponga el final de la corrupción que se instaló en nuestra tierra, como un sistema mecánico, que ha contado con la adecuada protección del político de turno.

La corrupción no desaparecerá por arte de magia; se necesitan de planes, recursos, medios, estrategias, formación, etc. que permitan al gobierno combatirla.

Y para conocer las fuentes de la inagotable corrupción, que ha golpeado de forma contundente en nuestra comunidad, hace falta reunirse y escuchar a las víctimas, que han visto en primera persona, el surgimiento de las malas prácticas dentro de las instituciones, organizaciones, empresas públicas o privadas.

Pero, en un año de gobierno, el presidente de una de las regiones más corruptas de Europa, nunca ha tenido un espacio libre en su agenda para reunirse con las víctimas de la corrupción. Según el índice de Competitividad Regional de la UE publicado en el año 2017, que situó a Andalucía y La Rioja como las CCAA con mayor y menor corrupción del país.

El primer año de gobierno de Juanma Moreno, puede considerarse como el año en que las víctimas de corrupción fueron ignoradas por el nuevo gobierno andaluz.

Las víctimas ignoradas por el gobierno andaluz.

Paloma Coiduras, ingeniera agrónoma de carrera, consiguió en 2003 un puesto como jefa de departamento de inspección pesquera de la Junta de Andalucía en Almería. Es una víctima de la corrupción que denunció las “irregularidades” que observaba en su trabajo contra la pesca de inmaduros de pez espada con un tamaño inferior a los 120 centímetros y una talla mínima para el atún de 6,7 kilos o 70 centímetros. Según su denuncia, el delegado de Agricultura en Almería “conocía la vigencia” de la normativa sobre esta talla. Después de su denuncia, sufrió acoso laboral de sus jefes. Tras varios reveses judiciales, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) decidió investigar el asunto.

En 2010, Una sentencia de la sala de lo social del TSJA reconoció el presunto acoso laboral como “accidente laboral”. En su etapa en Valencia también observó irregularidades en subvenciones de la Unión Europea a organizaciones de productores derivadas a fincas e infraestructuras de regadío de comunidades de regantes de Andalucía gestionadas por la Generalitat valenciana.

Francisco José Sánchez del Águila Ramón, abogado-presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), uno de los primeros denunciantes de corrupción en Andalucía,  en Noviembre de 2007, formuló denuncia en la sede de Fiscalía del T.S.J.A, como letrado asesor  del Ayuntamiento de El Ejido por el saqueo municipal continuado durante años del Ayuntamiento a través de ELSUR S.A, empresa mixta de servicios municipales participada por ABENGOA S.A. y por otras empresas subcontratadas. Como consecuencia de ello se intervino judicialmente el ayuntamiento de El Ejido el 20 de Octubre de 2009, con casi cien imputados, decretándose la prisión preventiva contra Alcalde Don Juan Enciso Ruiz.ha denunciado que por su trabajo en la lucha contra la corrupción, ha recibido en diferentes ocasiones amenazas de muerte. Las últimas, las ha referido en la denuncia presentada por el robo de los documentos de AMAyT, en el mes de noviembre, sufrió el asalto de su despacho, en otros expedientes fue robado la documental del denunciante de corrupción Roberto Macías, contra quien se abrió procedimiento penal por alertar de la presunta corrupción existente en el sindicato UGT con los cursos de corrupción y al que se están pidiendo 4 años de cárcel.

Javier Perejón. Empleado de la Empresa Pública de Deporte y Turismo Andaluz, lleva una década sobreviviendo al duro trabajo de investigar y denunciar irregularidades de la Junta. En el año 2010, fue designado supervisor de las instalaciones deportivas de la Junta. En una inspección de rutina, la primera en la Garza de Linares, observo que estaba dando agua posiblemente no potable, y con algunos elementos químicos en niveles que se acercaban a lo ilegal, además con el desconocimiento tanto por parte de trabajadores, y usuarios.

El descubrimiento de Perejón y sus gestiones tardarían en salir a luz. Tres años, en concreto, hasta que el ABC de Sevilla, publicó un informe del director de la instalación cediendo a las «denuncias de los técnicos» y reconociendo que la Garza había operado durante trece años de una forma que no garantizaba que el agua fuera potable. Fue objeto de un expediente de por mal comportamiento con sus compañeros y, posteriormente despedido. Dos años después, el juez que resolvió su despido concluyó que, no había habido más razón para su despido que «su continua petición de información y denuncias«: anulaba el cese. La contundencia del fallo ha sido tal que la Junta ha acabó ‘asumiendo’ el triunfo de Perejón: ha retirado el recurso contra la nulidad de su despido y le ha readmitido. Pero el hostigamiento no cesa.

Estos son algunos de los muchos nombres que figuran en la lista “negra” de las víctimas  de la corrupción en Andalucía, y que esperan ser escuchados, y atendidos por el Presidente de la Junta.

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