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Un emigrante mexicano será juzgado en España por alertar de una trama millonaria de corrupción.

El próximo 6 de marzo, a las 9.30 hrs, se reanudará en Sevilla, el juicio contra Roberto Macías, el ex trabajador de UGT Andalucía, acusado de revelar su corrupción.

La historia de Roberto Macías

Roberto Macías, nació el 9 de febrero de 1980 en Zapotlán, un municipio al sur de Jalisco (México). Mientras estudiaba la carrera de derecho fue seleccionado para marcharse a Sevilla para realizar un intercambio.

Dejó en suspenso una ascendente carrera política. Con 21 años ya representaba a la influyente Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), en el centro Universitario del SUR, (CUsur), y ocupaba la Representación General del Alumnado a propuesta de Ricardo Villanueva Lomelí, hoy Rector General de la Universidad de Guadalajara (U de G). En esa época construyo relaciones personales con otros líderes estudiantiles que más tarde ocuparían primeras posiciones universitarias y políticas en Jalisco.

Pero el amor venció a este joven soñador y durante su estancia en Sevilla, se enamoró de su actual mujer y madre de dos hijos. Renunció a un futuro prometedor en México por construir una nueva vida al lado de su pareja.

El sueño que se convirtió en Pesadilla

 En el año 2006 comenzó a trabajar en el sindicato UGT como secretario de Federico Fresneda (procesado en el caso de facturas falsas), tesorero del sindicato. Poco después, en septiembre de 2006, su destino, aunque por entonces él lo desconocía, su sueño se convertiría en una pesadilla, al incorporarse al departamento de compras de UGT.

En este departamento, siempre según Roberto, trabajaba a diario con las prácticas presuntamente corruptas. Por ejemplo, «se encarga a un proveedor 10.000 DVD a 1 euro cada uno, total 10.000 euros, pero se le solicita posteriormente a dicho proveedor una  factura de 30.000 euros, quedando la diferencia al sindicato”.

El testimonio de Roberto, coincide con el auto de procesamiento de la fiscalía anticorrupción, Dice el fiscal que la creación de la llamada Central de Compras fue decisión directa del secretario general, Manuel Pastrana Casado, en fecha no determinada del año 2006 y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucedió en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de UGT de Andalucía, a los que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas a UGT.

Las investigaciones sobre un fraude de más de 40 millones de euros, 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la ex cúpula de UGT-A

La Fiscalía Anticorrupción, Considera al sindicato UGT-A responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas: 40.750.047,74 euros y también lo hace responsable solidario de las multas de los ex cargos de la organización,

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, dada cuenta su «posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político», ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Un nutrido grupo de estas fueron las subvenciones destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, «singularmente en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema», precisa Fernando Soto.

Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos, y en especial de las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y  Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal -cuya finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, detalla el fiscal-.

Financiar la acción sindical con el fraude

Añade el fiscal que los saldos favorables al sindicato obtenidos con esta defraudación se destinaban a financiar la acción sindical, y así destaca alguna de las descripciones referentes a los albaranes: «1000 Pay Pay orgullo al  50% CC.OO.», «Globoso rojos con lomo UGTA», «Set de bolígrafos SA organización» (Publicar DM); «5.000 carteles Manifestación 7 de octubre logos UGT-A»; «10.000 pegatinas superagarre Manifestación 7 de octubre logos UGT-A»; «Revista digital Cutural-Alb.Ajuste»; «Diseño bandera Andalucía Movilizaciones 15 de septiembre a Madrid» (Lienzo Gráfico); y «1PC TONI, c/Goles», «PC ́S Prensa», «2 PC ́S Paco Mateos y Nieves» (SIOSA).

La acusación de UGT contra Roberto Macías:

En marzo de 2013, como consecuencia de la implementación de un ERE (despido colectivo), comienza el goteo de informaciones en los medios sobre las irregularidades contables en UGT, lo que genera la dimisión de Manuel Pastrana por los escándalos. Poco después «se sabe en los medios de comunicación que todos los miembros de la ejecutiva recibían un sobresueldo de 900 euros». La filtración es obra de Anonymous, pero «UGT me culpa a mí», cuenta Roberto.

Es entonces cuando el sindicato le acusa de revelación de secretos por la filtración de trece documentos en distintos medios de comunicación y cuando en su domicilio sufre un registro por parte de la policía nacional. «Por tanto, UGT no niega las acusaciones, sino todo lo contrario, las ratifica», sostiene.

Para Roberto, la denuncia no solo tiene un fin vengativo, como ocurre en muchos otros casos con los denunciantes de corrupción. “En España, es habitual que los alertadores de corrupción, sean víctimas de duras represalias, una represalia flagrante es implicar en largos y costosos procesos judiciales a las personas que alertan, testifican o, informan actos de corrupción”, asegura.

El caso Roberto Macías en el contexto internacional.

Ante este terrible escenario judicial, en el que Macías, podría acabar en prisión y perder su patrimonio. Se empieza una movilización en Jalisco, para reclamar por la vía jurisdiccional la cobertura legal y consular por parte de la Embajada de México en España.

De la mano de Raúl Padilla Padilla, un destacado jurista mexicano, emprendió una pelea en los tribunales de su país que, por un momento, le dió buenas noticias al que fue trabajador de UGT de 2006 a 2012. El fallo judicial, al que hemos tenido acceso, señala que “sí debería haberse dado protección consular a Macías como él mismo solicitó y “conforme a los dispuesto en artículo 36 de la Convención de Viena”. El fallo se muestra a favor de “brindar al quejoso como connacional mexicano una asesoría y representación legal ante los tribunales y autoridades del Estado receptor, sin pretextar que el quejoso se ha ostentado como ciudadano español”.

Equivocación del gobierno de México.

El Estado mexicano se equivocó a la luz del fallo judicial. Negó protección a Macías porque gozaba de doble nacionalidad y porque no consideraban que debían intervenir si su compatriota no estaba detenido. “El fallo judicial ordenaba a las autoridades a emitir un nuevo oficio de contestación a la solicitud de Roberto y contestarle en sentido positivo. Es decir no sólo que se le brinde asesoría sino que inclusive se le represente ante los tribunales españoles”, explicó el letrado en conversación con este medio. “Las autoridades tenían la obligación de asistirle y protegerle desde el momento que se inicia el proceso penal en su contra y no cuando sea privado de su libertad”, añade Padilla. Las autoridades mexicanas tienen diez días para interponer un recurso y después, si no recurre, tres para ejecutar el fallo.

La paralización de la protección consular.

Finalmente la ayuda no llegó nunca a materializarse. Tras el recurso interpuesto contra el fallo favorable. A Macías le vuelven a negar la ayuda, resolviendo en apelación que, solamente será asistido en caso de ser privado de su libertad. Roberto, considera que este fallo, tiene una implicación política y presupuestaría. Pues esto supondría que las embajadas de México, tendrían que modificar sus criterios de asistencia a los mexicanos en el extranjero, que según él,  se reducen a simples trámites burocráticos.

Ahora,  la suerte de Macías está en manos de AMAyT (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia), que promete defender la libertad y el futuro de este emigrante mexicano en España. El letrado y presidente de la asociación, Francisco Sánchez del Águila Ramón, está convencido que, podrá demostrar la inocencia de Roberto y por tanto, su absolución. Además sostuvo ante la jueza que debe juzgar a Macías que la directiva de la Unión Europea (UE) recientemente aprobada que protege a los denuciantes de corrupción -conocidos en inglés como whistleblowers– es de «aplicación directa» a Roberto Macías, por lo que no debe ser perseguido en ninguna causa penal.

Además, ha señalado que los archivos de UGT-A supuestamente secretos que Roberto Macías habría revelado -según la acusación del sindicato y la Fiscalía- no lo son, al tratarse de «subvenciones y de dinero público».

El milagro de Guadalajara.

Claudia Murguia, Diputada Local en la LXII Legislatura y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco. Recientemente ha vuelto a llevar a las más altas instancias del país el caso de Roberto Macías.

Compañeros en la carrera de derecho, ha iniciado una serie de consultas con otros actores políticos que empiezan a reclamar la asistencia legal y consular que necesita su compañero universitario.

Roberto, confía que está vez, la historia cambie y consiga con la implicación de las autoridades mexicanas en España. Sabe que Claudia Murguía es una gran interlocutora y que hará todo lo que este en sus manos por ayudarle. “Es una persona, con una gran calidad humana y ética, que desde nuestra época estudiantil, viene luchando contra los atropellos que se comenten contra los más débiles”, apunta.

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