¡Se acabó la pesadilla!

El día de hoy,  es un día histórico para Europa. Hoy, termina la terrible pesadilla de todos los alertadores de corrupción en España. Desde hace unas horas, nuestro continente es  la región más transparente del mundo. Puede gritarse a los cuatro vientos: “Alertar la corrupción no es delito”.

El 17 de diciembre de 2019, es una fecha que pasará a la historia,  por ser el día que entra en vigor de la Directiva europea de protección de los denunciantes o alertadores. Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

La norma pretende proporcionar una protección integral a los alertadores –conocidos como whistleblowers en inglés–, quienes revelan o informan sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que pueden amenazar o dañar el interés generalHervé Falciani puso a las autoridades europeas en la pista de decenas de evasores fiscales del HSBC, Rui Pinto proporcionó los datos para destapar el fraude a Hacienda de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo o Mourinho, gracias a los Football LeaksAntoine Deltour hizo otro tanto con los LuxLeaks, los acuerdos opacos de Luxemburgo con multinacionales; Edward Snowden desveló el espionaje masivo de la NSA, Roberto Macías, alertador del desvío de fondos públicos por parte de la UGT Andalucía, Luis Gonzalo Segura,  denunciante de corrupción del Ejército, Paloma Coiduras fue la alertadora del caso de subvenciones agrarias ilegales y la pesca de tallas mínimas y Jaime González, denunciante de los amaños en la contratación de medios aéreos –Cartel del fuego-.Son  algunos de los nombres detrás de las alertas más importantes de los últimos años.

“Convicción razonable”.

Si una persona tiene conocimiento de una irregularidad o un delito cuyas consecuencias “sean susceptibles de perjudicar el interés general”, podrá comunicarlo bien en un canal interno –dentro de la empresa o de la administración de la que forme parte– o en uno externo, a su elección. Pero ambos deberán garantizarle “la seguridad, el anonimato y la confidencialidad de su identidad” para protegerle de cualquier represalia o persecución.

Para ser considerado un alertador, basta con que un particular tenga una “convicción razonable” sobre la “verosimilitud y fiabilidad” de la información que suministre. Sea cual sea su motivación para hacer la denuncia.

En un reciente artículo publicado por Gary Yantin, Director de Best Practice, VinciWorks, titulado «La Directiva Europea de alertadores de corrupción – En conversación con la Comisión Europea«, entrevistaba a María Mollica, Oficial de la Comisión Europea y en su día directamente involucrada en la redacción de la Directiva que hoy ha sido publicada. 

En ella, María Mollica daba las claves de las motivaciones que estuvieron detrás de la puesta en marcha de la Directiva: 

«Está diseñada para proteger a los denunciantes y alertadores cuando deciden dar un paso adelante con información acerca de infracciones sobre las Leyes de la Unión Europea. Persigue dos propósitos: El primero, fortalecer la obligatoriedad del Derecho de la Unión Europea. El segundo, proteger la libertad de expresión del alertador o denunciante. Incluyendo en esta libertad la libertad de los ciudadanos ante eventuales filtraciones a los medios de comunicación porque los denunciantes y alertadores son normalmente fuentes esenciales de información en el periodismo de investigación« Y ponía de relieve también las normas estrictas que rigen a la hora de considerar la publicación de determinadas violaciones del Derecho. Decía: «hay dos situaciones en la cuales el denunciante o alertador puede dar información a los medios de comunicación o al público en general: en primer lugar, en aquellos casos en los que cuente con fundamentos razonables que la infracción podría constituir un inminente o manifiesto peligro para los intereses públicos. Algo así como una situación de emergencia o el riesgo de que se produzca un daño irreparable. En segundo lugar, en aquellos casos en los que el alertador o denunciante, considere estar fundamentado creer que informar a las autoridades podría conllevar el riesgo de represalias o que habría muy pocas posibilidades de que se actuara en contra de la infracción debido a las particulares circunstancias del caso. Un ejemplo puede ser un caso en el que las autoridades están en colusión con quien lleva a cabo la infracción. No parece que tuviera mucho sentido ir a las autoridades a denunciar, si están involucradas en la infracción«

Las informaciones que se pueden desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no será delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, reza el texto.

Asistencia jurídica gratuita y protección policial

La proposición de ley prohíbe cualquier tipo de represalia contra los alertadores, ni discriminaciones, ni amenazas, lo mismo contra ellos que contra sus familias, compañeros, superiores o bienes. Por supuesto, les reconoce el derecho a no ser sancionados o despedidos por haber hecho una denuncia. De hecho, la futura norma prevé también protección policial si es necesario. Al igual que sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

Este día, termina la horrible pesadilla para tantas personas que actuaron conforme a la rectitud, honestidad, ética, legalidad, decencia, etc. Ahora se ven amparadas por el Derecho de la Unión Europea. Los alertadores de corrupción son libres y pueden empezar a vivir en paz.

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