¡Muchas gracias a todos los alertadores de corrupción!

“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.”

Javier Sicilia

Hoy 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, fecha en la que Naciones Unidas aprovecha para recordar algunas de las principales cifras que deja la corrupción a nivel mundial, en esta ocasión bajo el lema de «Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad».

Fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en vigor desde diciembre de 2005, y a fin de crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, se designó este recordado 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Naciones Unidas cifra en un billón de dólares lo que cada año se paga en sobornos, además de los 2,6 billones de dólares anuales que se roban mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del PIB mundial. Unas cifras absolutamente indecentes y en crecimiento.

En España, para hacernos una idea comparativa, esos 90.000 millones de euros anuales saqueados se aproximan al presupuesto total dedicado a la Salud, o a cinco veces el presupuesto para combatir el desempleo, o a una docena de veces el presupuesto dedicado a las políticas familiares.

Cabe destacar que en España, las grandes víctimas de este Estado corrupto, son las personas que alertan de actos de corrupción. En junio del pasado año, las víctimas de la corrupción se reunieron frente al Congreso de los Diputados reclamando del reino de España y de su clase política, una ley integral que les proteja de cualquier tipo de represalia laboral, judicial, etc.

Y es que cuando los ciudadanos españoles, en cumplimiento además de nuestro más profundo sentido cívico, denunciamos algún hecho o persona corrupta, comienza normalmente para nosotros un auténtico calvario, que en la mayoría de los casos de convierte en un auténtico proceso de tortura: malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Quienes se ven denunciados, respaldados por la impunidad que les da el saber por experiencia que nada normalmente les ocurrirá a ellos, comienzan un proceso de destrucción completa del que les denunció: denuncias falsas contra el denunciante, persecuciones, despido…  Todo ello con un objetivo doble: dejarle en una completa vulnerabilidad para que no pueda tener muchas fuerzas para seguir denunciando la verdad de lo que ha visto o conocido y dejar claro a la sociedad qué es lo que le ocurre a quienes denuncian. La destrucción completa del denunciante y la impunidad del corrupto.

Esta es la realidad en la mayoría de los casos en España.

El manifiesto que se leyó en Madrid, aquel 22 de junio de 2018, fue firmado por una amplia mayoría de asociaciones y alertadores de corrupción en España. Y hoy, día Día Internacional contra la Corrupción, cobra más sentido, fuerza, y vigencia dicho documento que sirvió para unir a tantas personas que han destapado las principales tramas de corrupción.

Antes de reproducir ese texto casi sagrado por los anhelos, aspiraciones y compromisos que contiene, quiero expresar mi agradecimiento a todos los alertadores de corrupción.

MANIFIESTO POR UNA LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN

AL DENUNCIANTE DE CORRUPCIÓN

Las personas que firmamos este manifiesto y que hoy nos concentramos a las puertas del Congreso de los Diputados somos denunciantes y alertadores de corrupción, nuestros testimonios y nuestras denuncias han permitido:

  • detectar fraudes millonarios y con ello, la recuperación de importantes sumas de dinero público robado a las arcas del Estado…dinero que, en su mayor parte, nunca habría sido recuperado o ni siquiera reclamado.
  • impedir corrupción urbanística y económica…aunque en numerosas ocasiones acabe sin penas, porque jueces y fiscales consideran determinados delitos como simples ‘irregularidades administrativas’
  • denunciar abusos y desvíos en la sanidad, la formación, la tutela de mayores y menores…… que nunca habrían sido investigados porque se consideran temas “menores” a los que no se les destinan los medios necesarios

Pero en nuestro día a día, revelar estos delitos e identificar a sus presuntos autores, nos está costando la vida. ¿Realmente es necesario llegar a este punto en el que pedimos que nos devuelvan nuestras vidas, cuando se podría haber evitado?

Las alertadores y denunciantes de corrupción en este país nos quedamos sin presente y sin futuro.

Denunciar corrupción, es una obligación que tenemos como trabajadores con responsabilidades públicas y como ciudadanos, pero hacerlo se convierte en nuestro infierno.

Que a partir de hoy ya no puedan jugar su juego. QUE CON NUESTRO MOVIMIENTO GANEMOS ESTA PARTIDA.

Nuestros casos tienen un patrón común, somos personas que en su día nos negamos a cometer una irregularidad o un delito y que alertamos de lo que estaba pasando. Curiosamente la mayoría hemos pasado por lo mismo: primero nos intentaban comprar con prebendas, nos acosaron para que obedeciéramos. Cuando nos negamos fuimos aislados, luego cesados o despedidos y desde entonces somos perseguidos.

La mayoría hemos sufrido campañas de linchamiento en medios de comunicación, hostigamiento en nuestro entorno laboral y social, denuncias penales por las causas más inverosímiles: por revelar secretos si testificamos, por devaluar la imagen pública de las personas que denunciamos y acaban siendo imputadas, incluso denuncias falsas presentadas por los partidos políticos de turno para desacreditar nuestro testimonio y salvar así la imagen del líder corrupto hasta las siguientes elecciones.

En esta batalla, el único desenlace conocido y que cuenta con la complicidad de todos los partidos políticos, es que quien denuncia lo pierde todo. Perdemos nuestros trabajos, nuestros compañeros, nuestra salud, también nuestros ahorros porque las denuncias las pagamos nosotros y los abogados de los corruptos también los pagamos entre todos.

Nos quieren aislados, callados, hundidos.

Pero estamos aquí unidos porque nuestro silencio nunca más será su cómplice. Hemos venido de TODAS las comunidades autónomas. En nuestras denuncias se ven retratados TODOS los partidos del arco parlamentario y alguno más, también los organizaciones sindicales y organismos públicos y privados.

Y hoy estamos aquí, para explicar que estamos siendo perseguidos, arrinconados, negados, expulsados de un sistema que rechaza a quienes exigen transparencia y justicia social. Se castiga a los que nos hemos negado a silenciar la estafa continuada a nuestro sistema sanitario, educativo, social…

La corrupción pudre las instituciones, destruye el compromiso social y la confianza de un país.

Los sistemas corruptos roban la dignidad de las personas y las relegan al silencio y a la miseria social.

Por todo ello, pedimos actos claros y firmes que protejan y valoren el trabajo de quienes luchamos por un sistema democrático y justo. Juntos frente al Congreso que debiera defendernos para exigir:

  • La aplicación rigurosa del código penal, así como el cumplimiento de las normas vigentes.
  • Una Ley Integral de Protección a los Denunciantes de Corrupción que nos proteja de las represalias a las que estamos sometidos desde hace años..
  • La investigación de nuestras denuncias, ya que muchas son archivadas sin ni siquiera abrir diligencias.

Necesitamos que se tomen medidas urgentes que den término a la situación de discriminación y desprotección que padecemos. Venimos a recordar que denunciar la corrupción es un deber, pero también un derecho constitucional.

Las Administraciones españolas se niegan a cumplir el mandato de Protección a los Denunciantes establecido en la normativa europea desde el año 2015. El plazo para ser trasladada a nuestro ordenamiento jurídico expiró hace ya 2 años, sin ningún pudor por parte de nuestros gobernantes.

También la Ley española de Protección a los Denunciantes que adolece de serios problemas para garantizar la seguridad de los alertadores, duerme desde hace 2 años el sueño de los justos en el Congreso, sin que a ningún partido político parezca preocuparse lo más mínimo.

En octubre del pasado año, el Parlamento europeo ha aprobado un mandato adicional para implantar medidas de protección en los 27 estados miembros y ha sido también completamente ignorado. Lo que nos permite decir hoy aquí, que el incumplimiento es reiterado, hiriente y voluntario y por eso estamos hoy aquí para gritar: BASTA !! Ni un día más sin una Ley Integral de Protección al denunciante de corrupción!

Y aquí unidos exigimos:

  • que se trasponga la directiva europea N.º 2015/2392 y se incorporen las nuevas normas propuestas por la Comisión Europea para la protección del denunciante, presentadas el pasado 23 de abril de 2018.
  • Que se creen canales seguros de notificación tanto dentro de cada organización como a las autoridades públicas
  • Que se proteja a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia

Y que se haga con carácter de urgencia.

En unos momentos en los que la sociedad española percibe la corrupción como el principal problema a afrontar por el Estado, sorprende comprobar cómo el Sistema sigue protegiendo al corrupto y desamparando al alertador.

Vemos atónitos como en pleno siglo XXI los partidos políticos siguen manteniendo en sus cargos a personas imputadas por corrupción sin ningún pudor, lo que les permite seguir acosando a los denunciantes, destruir pruebas, comprar o amedrentar a testigos y utilizar fondos públicos para sufragar sus querellas y sus defensas.

Asistimos sin dar crédito a resoluciones en las que los poderes del Estado que deben perseguir los delitos: jueces, fiscales, incluso la propia administración, no solo no los persiguen, sino que con frecuencia actúan en contra de los propios denunciantes y amparando el delito, produciéndose una vulneración constante de nuestro derecho a una tutela judicial efectiva

Si los principales garantes de la legalidad protegen las estructuras de poder y arremeten contra los alertadores, ¿qué nos queda?

Si en los cuerpos y fuerzas de Seguridad no se aplica la misma normativa que al resto de la sociedad y ni siquiera se puede exigir transparencia, ¿a quién recurriremos?

Porque si algo hemos comprobado en carne propia es que la corrupción ha enraizado en

TODAS las estructuras: estatal, autonómica, local.

En TODAS las esferas: pública, privada, incluso en órganos independientes y de control.

Y que afecta a TODOS los ámbitos no sólo el económico o el urbanístico, también el social, el sanitario, el educativo, …

Los medios de comunicación, en muchos casos, tampoco son ajenos a todo esto y en lugar de investigar y destapar estas tramas, actúan silenciando nuestras situaciones, dando cobertura a los corruptos y, en ocasiones, incluso linchándonos mediáticamente por haber dado este paso.

Por lo que es vital que la Ley Integral de Protección ampare a TODOS los ciudadanos que alerten o denuncien corrupción en CUALQUIER ámbito y POR IGUAL. Y que de esto tomen nota TODOS los partidos, porque afecta a TODOS por igual y prueba de ello somos TODOS nosotros: los que estamos hoy aquí y también los que están detrás pero no pueden hablar por temor a nuevas represalias.

También queremos agradecer a los que denunciaron y lucharon por apartar la corrupción de su ciudad y ya no están con nosotros. Los tenemos siempre presentes, por su ejemplo y su honestidad. Es el caso de la ex concejal Montserrat Gassull, que destapó uno de los casos más conocidos en Catalunya. Todos sus compañeros políticos la abandonaron de forma indigna, por ser valiente y cumplir con su deber. Gràcies Montserrat Gassull.

Hoy, junto a numerosas Organizaciones Anticorrupción exigimos cambios profundos en la Ley actualmente ‘en barbecho’ que permitan:

  • Denunciar anónimamente, tal y como permiten y recomiendan incorporar los tratados internacionales, garantizando canales seguros
  • Crear organismos independientes que velen por los derechos de los denunciantes
  • Proteger a los funcionarios que alertan pero también al resto de trabajadores, al conjunto de la ciudadanía y a las organizaciones que por defender al denunciante son también objeto de persecución. Sin distinciones.
  • Ofrecer justicia gratuita a los alertadores y denunciantes que vienen soportando las altas costas legales que supone cualquier denuncia.
  • Reconocer como perjudicados a los denunciantes, así como la indemnización o la readmisión en sus puestos de trabajo de aquellos trabajadores que por denunciar hayan sido despedidos o cesados, con carácter retroactivo.
  • Dotar de medios y de recursos a esta iniciativa legislativa y a sus organismos de control para que su aprobación suponga una protección real de los alertadores y un ejercicio disuasorio para corruptos y corruptores.
  • Ampliar el espectro de infracciones que comporten un incumplimiento en la protección del interés público, así como el de las sanciones a los autores de represalias.

Porque la corrupción nos afecta a todos de manera DIRECTA.

Porque cada euro público desviado, es sustraído de nuestra sanidad, de la educación de nuestros hijos, de la tutela de nuestros mayores, de la formación de nuestros jóvenes, de la vivienda social de nuestras ciudades…

Porque si la corrupción produce un gran sufrimiento a los que denunciamos y a nuestras familias, pensemos en las verdaderas víctimas, las que no reciben la debida atención sanitaria, social, … las que no pueden acceder a una formación digna o una vejez tranquila y, sobre todo, pensemos en aquellos que no pudieron soportar tanto sufrimiento y decidieron acabar con todo.

Y, por último, porque cada vez que nos llama un compañero muerto de miedo, con la vida destrozada porque ha cumplido con su deber y sólo podemos ofrecerle buenas palabras, se nos empañan los ojos de injusticia y de impotencia.

Porque cuando alguien, con buena intención, nos aconseja que no expliquemos lo que nos están haciendo porque si lo hacemos nadie más se atreverá a denunciar corrupción, nos vienen a la memoria las mujeres que antes que nosotras lucharon por una Ley de Protección contra la Violencia de Género.

Porque cuando hace 20 años alguien decía que denunciar el maltrato era poner en un riesgo innecesario a la víctima y que era mejor “mediar en la intimidad” hoy reconocen que callar y silenciar la violencia del maltratador no fue nunca una solución.

O como cuando hace 5-10 años se creía que denunciar el acoso escolar o los abusos a menores, podía estigmatizar a las víctimas y que era mejor superar en la intimidad lo que hubiera podido pasar… Hoy el número y la gravedad de los casos que afloran cada día nos demuestran que callar y mirar hacia otro lado desde luego no ayudó en nada a las víctimas.

Y es por eso que hoy estamos aquí, sabiendo que bajar la cabeza o mirar hacia otro lado, nunca puede ser una opción si de verdad queremos acabar con esta lacra. Porque creemos que visibilizar lo que nos está pasando y exigir una Ley Integral de Protección al denunciante de corrupción es la única opción para que nadie más tenga que pasar por esto.

Porque estar hoy aquí unidos frente al Congreso, también va a tener consecuencias para cada uno de nosotros, pero lo hacemos convencidos de que pueda ser el punto de inflexión de nuestros políticos y sus partidos -pero también y sobre todo de la ciudadanía-, que ya no tolere por más tiempo la impunidad con que operan los corruptos y para eso os necesitamos a TODOS Y CADA UNO: ¡con la corrupción TOLERANCIA CERO!! y

¡PROTECCIÓN INMEDIATA A TODOS LOS DENUNCIANTES Y ALERTADORES DE CORRUPCIÓN!

Hoy estamos exigiendo a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados que revise y acelere la protección a los alertadores, que se reúnan con las asociaciones anticorrupción y con los denunciantes y que se introduzcan las modificaciones necesarias que garanticen nuestra seguridad.

Pero no pararemos aquí, estamos unidos y ya no nos callarán, si no hay soluciones habrá más concentraciones:

  • aquí y a las puertas de cada administración que mantenga en ejercicio a cargos imputados por corrupción
  • en el Congreso y en los Parlamentos de cada Comunidad Autónoma que no vele por sus denunciantes
  • en las Cortes pero también en el Parlamento Europeo explicando -alto y claro- cuál es nuestra situación.
  •  

SUSCRITO POR:

ANA GARRIDO, denunciante caso Gürtel,

ANA HERNÁNDEZ, denunciante educación Andalucía

ANA VARELA, denunciante fraude formación empleo

ÁNGEL ANTÓN, denunciante tutelas de menores, Cataluña, Valencia y País Vasco

ANTONIO BARREDA, denunciante corrupción Andalucía

ANTONIO BORREGO, denunciante contrataciones irregulares Mancomunidad del Guadalquivir

ANTONIO MORENO, denunciante estafa de las eléctricas, Sevilla

ANTONIO RAMON CORDERO, denunciante de Dos Hermanas Sevilla

ARANTXA MEJÍAS, denunciante casos fondos buitre Madrid

AZAHARA PERALTA, denunciante caso Acuamed

CARLES MARTÍNEZ, denunciante cursos de formación desempleados en Cataluña

CHABIER MAYAYO, denunciante caso Plaza de Aragón.

CLARA ALFONSA REINOSO, robo de niños a manos de los servicios sociales

CONSUELO GARCÍA DEL CID GUERRA, robo de niños por los servicios sociales

DANIEL TEJERO, denunciante corrupción de menores en Córdoba

ENRIQUE MARTÍN, denunciante corrupción sanidad en Andalucía

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ, denunciante corrupción caso Poniente Almería

FERNANDO URRUTICOECHEA, denunciante corrupción caso Castro Urdiales

GERARDO GANDÍA, denunciante cursos de formación desempleados Valencia

GRACIA BALLESTEROS, denunciante caso Acuamed

JAIME GONZÁLEZ, denunciante caso cártel del fuego, Andalucía

JAVIER PEREJÓN, denunciante corrupción Andalucía

JESÚS ÁNGEL CASTRO, denunciante Ayuntamiento de Benitachell, Alicante

JESÚS CANDEL, denunciante corrupción sanidad Andalucía

JOAN ANTON LLINARES, testigo Caso Palau. Director Agència Antifrau Valenciana

JOSE MANUEL CANTO, denunciante balsa de fosfoyesos, Huelva

JUANJO ROMERO, denunciante corrupción Aena

JULITA GÓMEZ SALAS, denunciante corrupción tutela de mayores en Amta, Madrid

JUSTO LÓPEZ, denunciante corrupción caso Ayuntamiento de Benidorm

LOLA MESA, denunciante de fraude de TGSS en Cádiz.

LUÍS ESCRIBANO, denunciante corrupción sanidad en Andalucía

LUÍS GONZALO SEGURA, denunciante corrupción en el Ejército

MAITE MORAO, denunciante causa Can Balsach, Ayuntamiento de Sabadell

MARÍA SERRANO, denunciante corrupción Seprona Andalucía

MARTA URREA FILGUEIRA, denunciante CAC y MAD, Málaga

ORIOL ORTIN, denunciante corrupción en el Ayuntamiento de Susqueda

PALOMA COIDURAS, denunciante de subvenciones agrarias ilegales y la pesca de tallas mínimas

RAMON PIÑEIRO, denunciante formación a desempleados en Andalucía

ROBERTO GARCÍA, denunciante formación a desempleados en La Rioja

ROBERTO MACÍAS, denunciante fraude UGT Andalucía

SONIA PERAL, denunciante corrupción sistema educativo Málaga (Acoso Escolar)

TEODORO MONTES, denunciante formación a desempleados Andalucía

WENCESLAO ALONSO, denunciante corrupción de personal Ayuntamiento Málaga

ORGANIZACIONES ADHERIDAS:

ACAPASE Asociación Catalana Padres Separados

ACCORS Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social

Afectados EMVS Carabanchel

AMACAE Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar

AMAyT Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia

AUSAJ Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia

CORRUPTIL

CSC Coordinadora Sindical Clase

DESTERRADAS HIJAS DE EVA Asociación contra el robo de niños en manos de Servicios Sociales

FILTRALA Plataforma de denuncia ciudadana integrada en AWP Associated Whistleblowing Press

FUNDACIÓN HAY DERECHO

JUSTICIA POR LA SANIDAD

MURCIA TRANSPARENTE

OCC Observatorio de la ciudadanía Contra la Corrupción

PXH Plataforma por la Honestidad

y un grupo de denunciantes anónimos, así como el conjunto de simpatizantes y activistas contra la Corrupción en España.

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