La jueza procesa a seis exdirigentes y técnicos de UGT Asturias por un fraude de 1,46 millones en subvenciones

La titular del juzgado número 4 de Oviedo considera que hay indicios de cinco delitos relacionados con el desvío de fondos de los cursos de formación hacia el sindicato.

La causa de los cursos de formación en Asturias tiene su origen en unas pesquisas llevadas a cabo por agentes de la UCO de la Guardia Civil, quienes habían sido alertados de que UGT podría haber reproducido en Asturias las actuaciones presuntamente irregulares ya detectadas en los cursos de formación del sindicato en Andalucía.

Fue entonces cuando los agentes de la Guardia Civil realizaron una investigación más profunda que se plasmó en un informe de diciembre de 2014 que convenció al Ministerio Fiscal, que acabó denunciando los hechos ante la Justicia asturiana.

La UCO de la Guardia Civil descubrió en diciembre de 2014 que el sindicato también desplegó en Oviedo el mismo ‘modus operandi’ detectado en Sevilla para amañar los gastos de los cursos de formación

Ocultaron gastos

En ambos casos, en Sevilla y en Oviedo, los responsables de UGT llevaron a cabo diversos “subterfugios” para “enmascarar” los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones: “Ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”, en el caso de Asturias el Gobierno socialista del Principado.

La Fiscalía destacó que en Asturias el desvío “sistemático” de fondos se llevó a cabo mediante el aprovechamiento instrumental de varias sociedades vinculadas con UGT, tanto a nivel confederal como en el ámbito regional.

Recurrían a estas empresas para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional, con las que amañaban los precios pagados. En concreto, estas empresas, vinculadas al sindicato, eran las que aportaban los libros y los locales para los cursos, aunque con precios inflados.

Con estas maniobras, UGT logró unos beneficios que en el caso de Asturias fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Cinco delitos de fraude de subvenciones por un valor de 1,46 millones de euros.

Esa es la conclusión a la que llega la jueza titular del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, que pide procesar a cuatro exdirigentes y dos técnicos de UGT Asturias por el caso de los cursos de formación, dando fin así a la instrucción del caso. La jueza firma un auto en el que da traslado a las partes para que formulen su escrito de acusación o pidan el sobreseimiento del caso. La primera de las opciones daría lugar a la apertura de juicio oral. La magistrada considera que hay «indicios» de que las seis personas encausadas «actuando concertadamente» llevaron a cabo «una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos procedentes de las subvenciones» que se les concedieron para cursos de formación. Unos fondos que, según la jueza, iban a parar al sindicato.

La operativa que describe la jueza en el auto se basa en el uso de «subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones del Servicio Público de Empleo, ocultando a la administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto» y utilizando para ello un entramado societario.

Las seis personas que la magistrada pide procesar son Justo Rodríguez Braga, exsecretario general del sindicato; Mónica Menéndez Vázquez, exsecretaria de Administración de UGT; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación; María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de Localmur, una de las entidades del sindicato implicada en el caso; Alberto González Castaño, técnico encargado de la justificación de las subvenciones; y Silvia Sariego Ferrero, encargada de justificar las subvenciones en Ifes, otra de las entidades de UGT implicadas.

La jueza considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT e Ifes entre 2010 y 2014, y a través de una serie de sociedades auxiliares de las que se servía el sindicato, se hincharon los precios de alquileres de locales y aulas «facturando un coste superior al valor del mercado». Además, en las subvenciones concedidas directamente a UGT, expone la jueza, se incluía en la justificación de los costes «gastos de personal laboral del sindicato que ninguna relación directa o indirecta habían tenido en las acciones formativas» subvencionadas.

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