El calvario de tres alertadores de corrupción andaluces.

Tras destapar el ‘caso UGT’, el ‘fraude de la formación’ y el ‘caso cartel del fuego’ sufrieron acoso, amenazas y querellas, pero nunca se doblegaron ante el acoso de los poderosos.

Roberto Macías acaba de sentarse en el banquillo de los acusados para responder de la acusación que realiza la UGT Andalucía, que le acusa de relevar a la prensa sus secretos contables. Un calvario judicial que dista mucho de terminar, pues el juicio se suspendió y volverá a celebrarse el próximo 6 de marzo de 2020.

En caso de ser encontrado culpable, Macías se enfrenta a una condena de cuatro de años de prisión y al pago de 60.000 mil euros en concepto de reparación del daño al sindicato. A raíz de las alertas generadas en los medios de comunicación, se inició una larga investigación judicial, que acaba de concluir con el procesamiento de la ex cúpula de UGT-A por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en las facturas por un montante de casi 41 millones de euros.

Macías se defiende sobre la base de la acusación y dice en sus redes sociales que él, no reveló secretos, si no la corrupción en UGT. Recientemente sindicatos independientes, asociaciones anticorrupción y los principales alertadores de corrupción, han solicitado a José María Álvarez, Secretario General de UGT, que retiren los cargos en los juzgados contra Macías.

COMILONAS EN LA FERIA

Entre los desvíos de subvenciones más llamativos documentados por la prensa están las comilonas en la Feria de Abril en la caseta de UGT-A y los 700 maletines fabricados en Asia que se repartieron en un congreso regional del sindicato. Todos ellos se pagaron de fondos procedentes de la Unión Europea -y distribuidos por la Junta- que tenían que haber sido destinados a la lucha contra el desempleo.

Teodoro Montes, conocido como el testigo protegido del fraude de la formación, relató ante la justicia gravísimas irregularidades en la gestión y el reparto de las subvenciones millonarias que concedía la Junta para los cursos. Tras ello, le hicieron la vida imposible en la Delegación de Empleo donde trabajaba. Teodoro Montes, compareció ante la comisión parlamentaria que investigó el fraude a la formación en Andalucía, asegurando que: «El negocio del siglo en la Junta de Andalucía ha sido la formación»

Ahora está ya jubilado, pero sigue litigando en los tribunales para intentar tumbar el cierre en falso del expediente disciplinario que de forma «injusta» le abrió la Junta durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta y que se archivó con el nuevo ejecutivo del PP y Ciudadanos. Años atrás, Montes fue casi emparedado en la oficina de Empleo en la que trabajaba en Sevilla, donde le construyeron un tabique para aislarlo del resto. El TSJA condenó al Gobierno andaluz por acoso en 2012 por estos hechos.

Igualmente están señalados por la Junta el funcionario Jaime González, quien denunció amaños en varias consejerías y la adjudicación irregular del contrato millonario de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca, el conocido como caso del cártel del fuego. La Consejería de Medio Ambiente le abrió expediente disciplinario y lo suspendió de empleo.

González denunció hace meses que estaba siendo víctima de una ‘cacería’ de la Junta como venganza por haber contado al juez las presuntas irregularidades del ‘cartel del fuego’ en Andalucía en la adjudicación de alquiler de aviones y helicópteros del Plan Infoca.

A raíz de su denuncia, la juez ha imputado por la supuesta trama corrupta a Javier Madrid Rojo, director general de Gestión del Medio Natural, Ernesto Esteso, máximo responsable del operativo de extinción de incendios de la Junta, a su número dos, Manuel Delgado Calderón, al interventor delegado Ángel Francisco  Pérez y, Dolores López, una asesora técnica.

González denuncia que los tentáculos de la corrupción llegan a todas las instancias públicas de la Junta. Asegura, por ejemplo, que los sindicatos de bomberos no denuncian la situación de precariedad laboral y de falta de recursos debido a la facilitación de prejubilaciones muy generosas «financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad«.

El funcionario andaluz, en diversas entrevistas asegura sentirse acosado por su entorno laboral desde que decidiera denunciar estas irregularidades. Asimismo, denuncia al sistema político nacido en 1978, puesto que la impunidad termina imponiéndose cuando alguien intenta hacer justicia. González afirma que solo Ecologistas en Acción, CGT y Podemos se han personado en su lucha contra esta trama de corrupción.

Un comentario sobre «El calvario de tres alertadores de corrupción andaluces.»

  1. Un ejemplo de coherencia, honradez y sacrificio, por parte de estas personas valientes y abnegadas. Merecen todo nuestro respeto, apoyo y admiración.

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