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El calvario de los Assange en España.

  • Roberto Macías, alertó sobre el presunto saqueo a los cursos de formación de UGT, ahora lucha por subsistir. Asegura que hay una lista negra, en la que se incluye a los alertadores de corrupción para expulsarlos del mercado de trabajo.
  • Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército, expulsado de las fuerzas armadas, resiste vendiendo libros. Aunque está especializado en materia de comunicaciones, no le contratarían ni como ‘teleoperador’.
  • Ana Garrido, denunció la trama Gürtel y perdió su empleo, abrió una tienda online, pero tuvo que cerrarla. Sus acosadores, le ‘hackeaban’ su página de forma habitual.

LAS FUNESTAS CONSECUENCIAS DE DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Roberto Macías, acudió el pasado el pasado 28 de noviembre al juzgado penal 15, en Sevilla, acompañado por su abogado Francisco José Sánchez del Águila, para responder de la acusación por revelación de secretos que el sindicato hermano del PSOE, asegura que cometió. Más de cinco años resistiendo las duras represalias por alertar la presunta corrupción en la Federación Andaluza de UGT Andalucía.

La vista se suspendió y quedó emplazado para volver a comparecer el día 6 de marzo a las 9.30 horas.

El padre de Roberto Macías, envío un vídeo al periódico ABC el pasado mes de noviembre, pidiendo a las personas ayuden  a su hijo. En la grabación se escucha al padre asegurar que: «Un sindicato corrupto quiere encarcelar a mi hijo con un proceso penal injusto».

En un vídeo que se ha difundido por las redes sociales, el progenitor del «alertador de corrupción sindical» pide a los españoles que acompañen a su hijo, que reside en Sevilla con su mujer y dos hijos pequeños, en el juicio que se va a celebrar en el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla. Lamenta que «un sindicato corrupto, la UGT, le está robando la vida con un injusto proceso penal» y lo «quiere meter en la prisión».

La intervención de Macías en la comisión parlamentaria en Asturias.

Macías compareció en la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación que se desarrollaron en la Junta General del Principado de Asturias, donde afirmó que UGT Andalucía se valió del “cobro de mordidas a proveedores”, mediante las que, por las compras o facturación, devolvían al sindicato un dinero que éste “podía utilizar para cualquier otro fin”.

El extrabajador de UGT también puso en evidencia un sistema de “falseamiento de facturas” acusando al sindicato andaluz de, por ejemplo, encargar 5.000 DVD y facturar 10.000. Está mecánica forma parte de las vías de financiación ilegales que investiga la Fiscalía.

Respecto a las investigaciones del caso UGT es categórico: “Las investigaciones apuntan a un fraude  millonario en los cursos de formación gestionados por el sindicato en otras comunidades autónomas. Hay conexiones evidentes entre lo ocurrido en Andalucía y Asturias. Se repite el mismo modus operandi en otras comunidades”.

La declaración de Macías resultó clave para que el juez imputara a los máximos responsables de UGT-A entre 1998 y 2013, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

Luis Gonzalo Segurateniente expulsado del Ejército en 2015, tras publicar una novela sobre corrupción en las Fuerzas Armadas. El exteniente del ejército,  a pesar de estar altamente cualificado en materia en materia de seguridad,  también fue expulsado también del mercado laboral, el estigma de haber denunciado una trama de corrupción le persigue. Desde entonces no encuentra otro puesto de trabajo, no le contratan ni como controlador de accesos. Sobrevive  de la venta de sus libros y colaboraciones con medios. El alertador de corrupción ha manifestado en sus múltiples apariciones en medios que “he llevado unidades de telecomunicaciones de las que dependía la vida de muchas personas y ahora no valgo para teleoperador”.

Margarita Robles, Ministra de Defensa, podría readmitirlo en el Ejército de forma inmediata. Pero ejercer su derecho de opinión y expresión, le convierte en un militar indeseable en un ejército eminentemente franquista. Una institución que no tolera la más mínima crítica le cierra las puertas a uno de los militares demócratas más destacados.

Actualmente, está muy activo con la difusión de su última novela: “En la guarida de la bestia”  su cuarto libro, que supone el primer ensayo crítico que analiza la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas españolas, centrado en unos 40 casos de militares que han sufrido discriminación por su condición de mujer”.

Un trabajo que salió a la venta hace un par de meses y que ya tiene su segunda edición en la calle, cumpliendo con la premisa de que “no existía ningún ensayo crítico en el año 2019 sobre la situación de la mujer en el Ejército y mientras tanto yo llevaba años recibiendo mensajes de mujeres que lo estaban pasando muy mal, algunas incluso intentaron suicidarse mientras me escribían”.

Gonzalo Segura fue expulsado del Ejército en 2015 tras la publicación del libro: Un paso al frente, en el que denunciaba presuntas corruptelas en las Fuerzas Armadas, y desde entonces está intentando recuperar sus galones.

Ana Garrido, extrabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), que denunció el caso Gürtel de corrupción en torno al Partido Popular (PP), el golpe más duro que ha sufrido la formación de Pablo Casado y cuya sentencia fue clave para la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno. 

Tras denunciar la corrupción, Garrido dejó el Ayuntamiento y no fue capaz de encontrar otro trabajo, por lo que intentando reinventarse, y engancharse al mercado laboral, abrió su tienda online de bisutería, “Chica Yeyé”. Una página que era ‘hackeada’ de forma habitual como otra forma de provocar su asfixia profesional y económica. Las represalias nunca han cesado, el ánimo de venganza de los poderosos sigue presente.

La justicia le dió la razón en el año 2014. El juez da por probada «la voluntad de hostigar y menospreciar a la trabajadora» y el consistorio tuvo que extinguir la relación laboral e indemnizarla, en parte por los daños morales.

«Voluntad de hostigar y menospreciar a la trabajadora».

En su demoledora sentencia, el magistrado advirtió de que la decisión de su responsable directo, el concejal Adolfo Arias de no reunirse con Garrido para abordar la paralización de su trabajo «constituye una voluntad consciente e intencionada, propia o ajena, de hostigar y menospreciar a la trabajadora, perturbando la relación de trabajo y dejando vacío el contenido de su relación laboral con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte«. El fallo también entiende que ya desde el inicio se le asignaron funciones laborales «sin la percepción de salario que le correspondía», lo que enmarca en una «situación coactiva» contra la trabajadora.

El calvario de los alertadores de corrupción que persiste, y que dista mucho de llegar a su fin.

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